Ley de Educación Superior
de la República Dominicana

CONSIDERANDO: Que la educación superior constituye una función pública que responde a los intereses generales de la comunidad nacional y su regulación corresponde al Estado Dominicano, el cual, en cumplimiento de ese deber está en la obligación de velar por su normal y correcto funcionamiento;

CONSIDERANDO: Que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es un objetivo de alto interés nacional y que es responsabilidad del Estado Dominicano impulsarlas, en razón de que constituyen elementos esenciales para el desarrollo del país y, en especial, de las actividades productivas y de servicio social;

CONSIDERANDO: Que se han tomado providencias tendentes a organizar, modernizar y reformar el sistema de educación superior, así como el de ciencia y tecnología, por lo cual están dadas las condiciones para que un nuevo instrumento legal regule las actividades de estos sistemas, velando que su funcionamiento responda a las necesidades del país;

CONSIDERANDO: Que las presentes disposiciones tienen como propósitos: establecer y organizar los principios inalienables de la libertad de enseñanza, el respeto al ser humano y el poder de decisión inherentes a la academia; definir los deberes y responsabilidades de las instituciones que conforman el Sistema para con la sociedad; garantizar un adecuado nivel de excelencia de las instituciones de educación superior, de ciencia y de tecnología; contribuir a optimizar esfuerzos para la formación de los técnicos y profesionales y para producir y/o adaptar los conocimientos científicos y tecnológicos que demanda el país y dotarlo de las normas legales que permitan a las instituciones del Sistema crecer cualitativa y cuantitativamente;

CONSIDERANDO: Que la autonomía es principio y base consustancial de la naturaleza de las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología.

VISTAS: Las leyes Nos. 5778, del 31 de diciembre del 1961, que declara la Autonomía de la Universidad de Santo Domingo; la 6150, del 31 de diciembre del 1962, que reconoce personalidad jurídica a la Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago de los Caballeros, y la 273, del 27 de junio del 1966, que regula el establecimiento y funcionamiento de entidades universitarias y de estudios superiores privados y dispone la equivalencia de sus títulos con los de los organismos oficiales o autónomos; modificada por la ley 236, del 23 de diciembre del 1967.

VISTOS: El reglamento No.1255, del 25 de julio del 1983, para la Educación Superior Privada; los decretos Nos.1406, del 13 de septiembre del 1983, que crea e integra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACITE) dependiente de la Presidencia de la República; 259, del 15 de julio del 1996, y 517, del 14 de octubre del 1996, que regula el funcionamiento de la Educación Superior en la República Dominicana.

OÍDAS: Las opiniones de los rectores y directores de las instituciones de educación superior; de las asociaciones de universidades legalmente establecidas; de los directores de instituciones de ciencia y tecnología; de los directivos de instituciones de financiamiento, investigadores, expertos, y de los distintos sectores públicos y privados interesados en la educación superior, la ciencia y la tecnología.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 1.- El propósito fundamental de la presente ley es la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establecer la normativa para su funcionamiento, los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman y sentar las bases jurídicas para el desarrollo científico y tecnológico nacional.

Art. 2.- El Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana lo componen el conjunto de instituciones que de manera explícita están orientadas al logro de los fines y objetivos de la educación superior y del desarrollo científico y tecnológico del país.

Art. 3.- El Estado, a través de los organismos correspondientes, velará para que las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología y sus actividades, respondan adecuadamente a las exigencias demandadas por los cambios en los contextos nacional e internacional, en materia de educación superior, ciencia y tecnología.