Protestas violentas en Perú debido a ley forestal

Una nueva ley forestal que cambia las maneras en que se otorgan las concesiones de corte en los bosques tropicales peruanos se enfrenta a una oposición violenta por un pequeño grupo de leñadores, y que los grupos ambientales dicen que representan grandes intereses madereros responsables por décadas de la depredación en el exuberante bosque pluvial amazónico.

Oficiales en Puerto Maldonado, ciudad en la selva del sureste, dijeron que una persona murió, otros 20 fueron heridos y hasta 50 manifestantes fueron detenidos durante las violentas protestas por más de una semana.

Bosque pluvial peruano

A finales de Junio, los manifestantes incendiaron cuatro oficinas vinculadas al Ministerio de Agricultura, incluyendo el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el organismo a cargo de organizar las licitaciones para las concesiones madereras bajo la nueva ley.

Las oficinas de Pro Naturaleza, una organización ambiental no gubernamental que ha dado asesoramiento técnico a pequeños leñadores y comunidades nativas para ayudarlos a participar en las licitaciones para las concensiones, también fueron incendiadas lo mismo que otros 20 negocios privados.

También fueron incendiados unos 10,000 pies de caoba y otros maderas valiosas cortadas ilegalmente que fueron incautadas por oficiales de INRENA en operaciones recientes. Los ingresos de su venta serían usados para un fondo para la asistencia técnica para los que tuvieran concesiones.

El principal tema de las protestas es la ley forestal que elimina las concesiones de 1,000 hectáreas o menos, como era permitido bajo la ley anterior en efecto desde inicios del decenio 1970.

Aunque la ley realmente fue aprobada por el Congreso en 2000, es apenas ahora que se está implementando debido a las presiones de algunos intereses madereros. A resultas de la oposición y el complejo proceso de implementación de la ley, se ha estado celebrando durante los dos últimos años un diálogo patrocinado por el gobierno.

Las protestas ocurrieron a medida que se aproximaba la fecha de expiración, 30 de Junio, para las concesiones mantenidas bajo la vieja ley. Se esperaba una delegación de alto nivel en Puerto Maldonado, capital del Departamento Madre de Dios, para tratar de resolver las demandas de los leñadores que se oponen al proceso de las concesiones.

En vísperas de la reunión, miembros de la división de operaciones especiales de la Policía Nacional penetró en las oficinas de una de las asociaciones de leñadores y detuvo unas 50 personas.

Pro Naturaleza identificó a Rafael Ríos López como perpetrador del ataque a sus oficinas en Puerto Maldonado.

"Ríos López tiene vínculos estrechos con un pequeño sector de grandes empresas madereras cuyos intereses han sido seriamente afectados por la participación masiva de entidades madereras pequeñas, medianas y grandes en la licitación por concesiones madereras que se efectuaron recientemente en Madre de Dios," dijo un comunicado de Pro Naturaleza.

"Este modelo representa una alternativa al uso irracional de los bosques peruanos realizado hasta ahora y ha sido bien recibido por la vasta mayoría de silvicultores pequeños y medianos del departamento," agrega. "La razón para el ataque sobre nuestro nombre y las oficinas de Pro Naturaleza tiene que ver con nuestro firme apoyo para la aplicación de la Ley Forestal."

Wilfredo Ojeda, presidente de la Cámara Nacional Forestal en el Parlamento peruano, dijo que la ley elimina los pequeños contratos pero promueve que los leñadores individuales formen compañías para ser elegibles a recibir préstamos y asistencia técnica. Aquellos que no han formado una firma legalmente registrada no podrán por más tiempo extraer madera.

INRENA dijo que en la licitación en Madre de Dios, unas 50 firmas compuestas cada una por 10 a 15 accionistas ganaron concesiones por alrededor de un millón de hectáreas de bosque.

Río Madre de Dios, Perú
(Foto de Lima Tours)

Ojeda dijo que bajo la vieja ley, las concesiones de hasta 1,000 hectáreas permitían que las grandes compañías madereras dividieran sus posesiones, evitando así los requerimientos impuestos para las concesiones mayores. La legislación también promovía la informalidad ya que las concesiones menores frecuentemente eran registradas a nombre de sus empleados.

"Esta es la legislación más moderna que existe en cuanto a los bosques tropicales," dijo Michi Torres, jefa para políticas de Pro Naturaleza. Dijo que, "[la ley] representa un brinco de la Edad Media al siglo 21."

Las licitaciones han sido realizadas, además de Madre de Dios, en el departamento de Ucayali, en el noreste, y pronto deben realizarse en el vasto departamento amazónico de Loreto.

Además de eliminar los pequeños contratos, la ley extiende los términos de las concesiones forestales hasta 40 años y requiere que los concesionarios siembren árboles. También asigna una serie de funciones realizadas anteriormente por INRENA a varias instituciones diferentes, incluyendo OSINFOR, una agencia de supervisión forestal, lo que aseguraría que se cumplan con los términos de las concesiones.

Se le requiere a las compañías que hagan un inventario durante el primer año y recibirán certificaciones de OSINFOR cada cinco años.

La ley tambié prevee un cierto grado de supervisión por parte de los mismos concesionarios ya que sería de su interés ver que se castigue el corte ilegal.

Otro aspecto importante de la ley es que crea áreas de Bosques Permanentes de Producción para el "uso intensivo controlado". Bajo la vieja ley, se disponía de unos 43 millones de hectáreas para la extracción.

"Hemos devuelto unos 20 millones de hectáreas de bosque para la conservación," dijo Ojeda, uno de los artífices de la ley que tomó 12 años para su aprobación. "La pregunta es '¿Quién va a vigilar estos bosques?'" Pidió a los ambienalistas internacionales que cooperen con este esfuerzo.

Ojeda dijo que la mayor amenaza para los recursos forestales en Perú es la conversión de bosques a terrenos agrícolas. De las 250,000 a 300,000 hectáreas de recursos forestales que cada año se pierde en Perú, apenas cuatro por ciento va para la industria maderera. Otro 18 por ciento es usado como leña, mientras que 78 por ciento es incendiado por agricultores para convertir los bosques en terrenos agrícolas.